Les vamos a explicar lo que esta buscando Samara Martínez, una activista con enfermedad terminal renal que busca que el final de su vida sea digno.
Hay conversaciones que nos exigen la máxima empatía, que nos obligan a dejar de lado los dogmas para centrarnos en lo esencial: la dignidad y el derecho a elegir. Es fácil hablar de empoderamiento en el plano profesional o financiero, pero el verdadero empoderamiento, el que toca las fibras más íntimas de nuestro ser, es el derecho a decidir sobre nuestra propia vida, especialmente cuando el sufrimiento se vuelve la única constante.
En México, este debate tiene nombre y cara: Samara Martínez. Ella es una activista mexicana de 30 años que está liderando un movimiento para cambiar el marco legal y ético de nuestro país. No está pidiendo un favor, está exigiendo un derecho fundamental: la capacidad de las personas con padecimientos terminales o crónico-degenerativos de decidir su propio final.
Esta es la historia de Samara, la necesidad de la «Ley Trasciende» y por qué esta conversación debe estar en la mesa de toda mujer que valore su autonomía.
El viaje de Samara Martínez y su búsqueda de un final digno
Para entender la fuerza detrás de esta iniciativa, necesitamos conocer la realidad que vive Samara desde hace más de la mitad de su vida.
A los 16 años, cuando otras jóvenes apenas empezaban a vivir su adolescencia plena, ella fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, provocada por una enfermedad que daña sus riñones. Esto, sumado al Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que ataca órganos y tejidos, la colocó en una ruta de lucha constante.
Su vida se convirtió en un interminable ciclo de intervenciones médicas. Intentó cambiar su destino con dos trasplantes de riñón, usando primero un órgano donado por su propio hermano y, más tarde, uno de donante cadavérico. Ambos intentos fallaron, confirmando la complejidad y la agresividad de sus padecimientos autoinmunes y renales.
Hoy, la dependencia de la tecnología es total y agotadora. Samara está conectada 10 horas cada noche a una máquina de diálisis que limpia las toxinas de su sangre. Además, lidia con complicaciones como anemia, fatiga crónica y amenorrea, condiciones que limitan radicalmente su capacidad de llevar una vida «normal». Para ella, el día a día no es vivir; es sobrevivir con un sufrimiento físico constante e insoportable.
Su activismo, lejos de ser un acto de desesperación, es una declaración de principios: si la vida no puede garantizar la calidad, que al menos garantice la dignidad en el fin.
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Ley trasciende: el derecho a la muerte asistida
Después de años de compartir su historia y educar a la gente a través de plataformas como TikTok y su comunidad Hemodiálogos, Samara Martínez ha logrado canalizar su dolor en una propuesta legislativa seria. Con más de 100,000 firmas reunidas en Change.org y el respaldo de legisladores y activistas, el proyecto será presentado formalmente ante el Senado de la República el próximo 28 de octubre.
¿Qué busca exactamente la «Ley Trasciende»?
Propone añadir el Título Octavo Ter: «Eutanasia» a la Ley General de Salud, con el objetivo de regular la eutanasia activa para personas con enfermedades terminales o padecimientos crónico-degenerativos discapacitantes permanentes.
Actualmente, en México, todas las formas de eutanasia activa y el suicidio asistido están prohibidas y categorizadas como delito. La ley solo permite la «voluntad anticipada» o «eutanasia pasiva» (suspender tratamientos que prolongan la vida) en 15 estados. La Ley Trasciende busca derogar el Artículo 166 Bis 21de la Ley General de Salud, que hoy clasifica la eutanasia como «homicidio por piedad», un concepto que condena a muchísimas personas a un sufrimiento innecesario.
Un procedimiento con rigor y ética
La iniciativa está sólidamente fundamentada en principios constitucionales y tratados internacionales que protegen la dignidad y la autonomía humana. Samara y su equipo proponen un procedimiento riguroso para asegurar que la decisión sea libre, informada y protegida:
- Mayoría de edad y pleno uso de facultades: La solicitante debe ser mayor de 18 años y estar en pleno uso de sus facultades mentales.
- Doble confirmación de diagnóstico: Debe contar con un diagnóstico confirmado por dos profesionales de la salud que certifiquen la enfermedad terminal o el padecimiento crónico-degenerativo sin cura.
- Información completa: Es obligatorio recibir información exhaustiva sobre su pronóstico y las opciones de cuidados paliativos.
- Decisión consciente: La solicitud debe formalizarse por escrito ante un notario público y ser refrendada tras un período de reflexión de al menos cinco días, lo que elimina cualquier duda sobre la conciencia y voluntad de la decisión.
Además, se incluye una disposición clave: se respeta la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero las instituciones públicas tendrán la obligación de garantizar personal no objetor en un plazo máximo de 48 horas, asegurando así el acceso al derecho. La ley no obliga a nadie a elegir la eutanasia, pero garantiza que sea una opción para quienes, como Samara, ya agotaron todos los caminos de la esperanza y solo buscan la paz.
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El mundo ya trascendió: la visión global
Cuentahabientes, es vital entender que este no es un debate local. El respeto por la autonomía en el final de la vida es una tendencia global que posiciona a las naciones en la vanguardia de los derechos humanos.
Actualmente, se estima que 300 millones de personas en el mundo tienen acceso legal a alguna forma de muerte asistida. Países con los que compartimos valores y principios éticos ya han dado este paso:
- Países Bajos y Bélgica: Pioneros desde 2002, ambos permiten la eutanasia activa. Bélgica, incluso, la permite bajo ciertas condiciones para menores.
- Canadá: Desde 2016, regula la Asistencia Médica para Morir para personas con enfermedades graves e irreversibles, reportando más de 10 mil muertes asistidas solo en 2021.
- España: El único país de tradición católica donde la eutanasia es legal desde 2021.
- América Latina: Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 y Ecuador lo hizo en 2024. Uruguay se encuentra actualmente en proceso de aprobación de una ley de «muerte digna».
En contraste, el Código Penal mexicano todavía nos penaliza, calificando la ayuda a morir como un delito de homicidio con penas de hasta 10 años de prisión, a pesar de que casi 500 personas han formalizado procedimientos de eutanasia pasiva en la Ciudad de México desde 2010, evidenciando una necesidad social profunda.
La historia de Samara es la prueba más dolorosa de que la ley actual no protege la dignidad; la condena a un sufrimiento perpetuo. Su lucha por la Ley Trasciende es la lucha de todas por asegurar que, en el momento más vulnerable de la vida, la decisión final siga siendo nuestra. Es el último y más íntimo acto de empoderamiento femenino. Estemos atentas a la discusión del 28 de octubre del 2025.
